Madrid. Este proyecto de ley, aprobado el pasado 2 de mayo en Puerto Rico de forma unánime por el Senado, pretende evitar que las Personas Mayores sean víctimas de fraude. “Este grupo poblacional es más susceptible que otros al fraude y al abuso financiero”, según se señala en el proyecto.
A partir de ahora, cualquier institución financiera que conceda una Hipoteca Inversa en Puerto Rico tiene que poner a disposición de la Persona Mayor a tres consejeros certificados por el Gobierno Federal, que deberán informarle al menos de los 10 puntos más importantes de la Hipoteca Inversa, tales como las consecuencias que la contratación del producto tendrá para ellos así como los gastos finales de la operación. Además, la Persona Mayor tiene 7 días para cancelar la hipoteca a pesar de haberla firmado ya.
Según un estudio de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) el 30% de las Personas Mayores que contrataron una Hipoteca Inversa están insatisfechas y habiendo afirmado que su descontento se debe principalmente a que recibieron información incorrecta e incompleta.
En España la situación de las Hipotecas Inversas dista mucho de Puerto Rico. Actualmente, este producto financiero está regulado por la Ley 41/2007, pero no se realiza una regulación obligatoria del Asesoramiento Independiente en las Hipotecas Inversas: “las entidades que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes […] el Ministro de Economía y Hacienda establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de estas funciones de asesoramiento”.
A pesar de la escasa moderación, según el último informe de Grupo Retiro (de octubre 2010), asesores independientes de este producto, la Hipoteca Inversa tiene un nivel de aceptación alto en Madrid. En concreto, un 62,85% de los encuestados mostró un nivel de aceptación alto o muy alto, un 30,95% calificó su aceptación de normal y un 6,20% manifestó una aceptación baja.
Carlos A. Martínez Cerezo. Presidente de Grupo Retiro
