Valencia. La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Comunidad Valenciana, Mª Jesús Rodríguez, ha calificado de «atropello» que el Ministerio de Fomento exija la devolución de la Renta Básica de Emancipación a cientos de jóvenes de la Comunitat Valenciana que en el momento de la concesión de esta ayuda al alquiler cumplían los requisitos marcados por la normativa.
Así, la Directora ha manifestado que «nos negamos a ser cómplices de este nuevo ataque del Ministerio de Fomento contra los derechos de los jóvenes, colectivo que está sufriendo en mayor grado la actual crisis económica y a quienes hay que ofrecer soluciones en lugar de poner obstáculos».
Fórmulas jurídicas para no tramitar reintegros
En cumplimiento del Real Decreto del Estado, la Generalitat ha iniciado el procedimiento para la suspensión cautelar de la ayuda en los casos comunicados por el Ministerio de Fomento pero, según ha anunciado la Directora, «utilizaremos cualquier fórmula jurídica a nuestro alcance para no tramitar el reintegro de ninguna de las ayudas».
Rodríguez ha explicado que «es el Gobierno Central el que estableció en la regulación de esta ayuda que tramitamos desde las comunidades autónomas un sistema de cómputo de ingresos erróneo y defectuoso que ha generado esta situación. En lugar de solicitar la declaración de la renta, como en el resto de las subvenciones, se solicita una previsión de ingresos del año en curso. Esto provoca desfases tras cotejar los ingresos finales con Hacienda y es lo que ha ocurrido con estos jóvenes a quienes el Ministerio reclama la devolución de las ayudas de 2008 y 2009».
En este sentido, la Directora ha indicado que «así, en la Comunitat Valenciana nos encontramos con que hasta 30 afectados por esta medida estatal no alcanzan a superar ni por 50 euros el límite establecido. Particularmente alarmante es el caso de un joven que ingresó 22.000 euros exactos y también se vería obligado a devolver la ayuda porque la normativa estatal que regula la Renta Básica fija el límite en ingresos inferiores a esta cantidad».
«Entre los expedientes que nos ha enviado el Ministerio correspondientes a infracciones en las ayudas de 2008 y 2009 también tenemos cuatro casos que superan el tope en dos céntimos, otro en ocho céntimos y otro en poco más de dos euros», ha añadido Mª Jesús Rodríguez.
Conflicto de competencias admitido
La Directora ha recalcado que «desde la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda no nos hemos quedado de brazos cruzados ante este atropello que está generando una situación angustiosa para muchos jóvenes valencianos que necesitan esta ayuda para pagar su alquiler, que no han querido infringir la normativa y a los que, años después y en algunos casos con intereses, el Estado reclama la devolución de lo que les correspondía según la normativa».
Mª Jesús Rodríguez ha recordado que «desde la Generalitat estamos haciendo todo lo posible para evitar que nuestros jóvenes tengan que devolver la ayuda y hemos presentado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional que ya ha sido admitido a trámite. Y es que consideramos que Real Decreto del Estado que impone a las comunidades autónomas un procedimiento de reintegro de estas ayudas exhaustivo invade las competencias autonómicas en vivienda».
Nota informativa del Ministerio de Fomento
Por su parte, el Ministerio de Fomento, según una nota informativa, manifiesta que no ha solicitado a ningún beneficiario de la Renta Básica de Emancipación la devolución de las ayudas cobradas de forma indebida por superación del límite anual de ingresos
La Secretaría de Estado de Vivienda se limita a realizar los controles que se establecieron en el convenios firmados con las distintas comunidades y ciudades autónomas, cruzando los datos de los beneficiarios de la RBE con los de la declaración de la renta aportados por la Agencia Tributaria. A los jóvenes que superaron el nivel de ingresos establecidos para poder cobrar la ayuda se les envió una notificación comunicándoles dicha incidencia.
Al mismo tiempo, el Ministerio se lo comunicó a las Comunidades Autónomas, encargadas de la gestión de la RBE –y por tanto de reconocer y retirar el derecho a cobrarla–, para que dieran trámite de audiencia a los afectados, verificaran cuál fue su nivel de ingresos y resolvieran al respecto.
La Comunidad Autónoma, en este caso la Conselleria de Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, es el órgano competente para dictaminar si el joven que ha incurrido en esta situación mantiene el derecho a percibir la ayuda o se lo retira y si le exige, en su caso, la devolución de las ayudas. El Ministerio de Fomento no tiene competencias para tomar dicha decisión.
De hecho, la Generalitat Valenciana ya ha realizado el trámite de audiencia y ya ha resuelto, enviando al Ministerio de Fomento el listado de jóvenes a los que revoca el derecho a percibir la ayuda y a los que reclamará el pago de los ingresos indebidos.
