Santiago de Compostela. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia viene a actualizar una norma del año 1985 con el objetivo de darle a la Administración autonómica un mayor control sobre los bienes públicos y sobre los alquileres que suscribe.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que dio luz verde a la Ley, apuntó que esta norma se suma a la de Estabilidad Presupuestaria aprobada la semana pasada, con lo que el Gobierno gallego, regido por los principios de “rigor y responsabilidad”, está “dando pasos importantes para clarificar la situación financiera de la Comunidad y para clarificar la gestión, organización, adquisición y disposición del patrimonio” de Galicia.
El presidente gallego consideró que “la Comunidad Autónoma de 1985 poco o nada tiene que ver con la Comunidad Autónoma del año 2011”, por lo que afirmó que “26 años sin actualizar una ley de tanta repercusión económica requería una actuación”. En la misma línea indicó que la Ley de Patrimonio supone adaptar el texto a la normativa básica de la Administración del Estado, que se dictó en 2003. Además, indicó que la Ley se compromete “a la actualización del inventario general del patrimonio de la Comunidad autónoma, algo que no se venía haciendo desde 1987”.
El objetivo de la Ley es, según remarcó, “unificar la gestión del patrimonio de la Comunidad Autónoma gallega”, toda vez que “eso da producto desde el punto de vista del control del gasto”. A este respecto, informó de que la gestión conjunta de los alquileres por parte de la Consellería de Hacienda “supone una rebaja en la renta media del 20%”.
En el camino de la gestión conjunta, Feijóo destacó que la Ley de Patrimonio “por primera vez integra todo el sector público autonómico”, incluyendo los entes instrumentales, lo que supone que “queda garantizada una gestión completa y más eficiente del patrimonio único de la Comunidad Autónoma”, aumentándose el control sobre el “patrimonio único”.
Así, “los entes instrumentales no podrán vender su patrimonio sin ofrecerlo previamente a las distintas necesidades de los distintos organismos de la Comunidad Autónoma”, apuntó, y añadió que “la Consellería de Hacienda debe emitir informe favorable para cualquier tipo de adquisición o de venta de patrimonio de los entes instrumentales”, algo que hasta ahora no se estaba realizando.
En lo tocante a los alquileres, el presidente de la Xunta subrayó que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio, el Gobierno gallego deberá autorizar expresamente todos aquellos que superen la renta mensual de 40.000 euros. “Por lo tanto –dijo- el control de los alquileres se extrema para disminuir el coste de los alquileres de los distintos edificios de la Xunta de Galicia”. Del mismo modo, avanzó que “las adquisiciones superiores a 3 millones de euros también las tendrá que autorizar el Consello de la Xunta”.
Alberto Núñez Feijóo declaró el interés de la Xunta por, al mismo tiempo que intensifica el control, buscar “la mayor agilidad posible”, por lo que la Ley de Patrimonio le concede a la Consellería de Hacienda la facultad de “desafectar, ceder y aceptar cesiones, sin necesidad de venir al Consello de la Xunta”. En consecuencia, lo que se procura es “para aceptar, descentralización, y para comprometer y gastar, rigor y centralización de las decisiones”, resaltó.
Facilitar la cesión de bienes adscritos a servicios públicos al resto de las administraciones públicas gallegas, con la finalidad de “poner a la disposición de otras administraciones públicas de Galicia el patrimonio sobrante” es otra de las novedades de la Ley, según informó el presidente gallego. Además, resaltó que, en virtud del texto, los fondos propios de las entidades públicas empresariales se consideran parte del patrimonio de la Administración general y se tipifica la relación de hechos que suponen infracción en relación con los bienes públicos.
Con el objetivo de ir disminuyendo paulatinamente la Administración paralela e ir centralizando las decisiones en menos cargos directivos, añadió el presidente gallego en la rueda de prensa, “adscribimos la empresa Sociedad Pública de Inversiones (SPI) a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras”. Al tiempo, explicó, “liquidamos la empresa Aceousa, y la Consellería de Infraestructuras llevará todas las infraestructuras, incluida la dirección de la SPI, a través de la Dirección General de Infraestructuras”.
