miércoles, 18 febrero 2026
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Medio Ambiente recupera terrenos de dominio público de la costa gaditana de Chipiona

Cádiz. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha iniciado el proceso final para recuperar terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) situados en la costa gaditana de Chipiona, con el objetivo de ofrecer a la población el mejor estado de la costa y de las playas, recuperando espacios públicos.

El pasado mes de octubre finalizó el plazo concesional otorgado al Ayuntamiento de Chipiona en 1990 para la construcción de cinco módulos de servicio en las playas del Muelle y de Las Canteras. Vencido dicho plazo se acodó proceder a la recuperación posesoria y se ordenó el desalojo de la construcción antes del 1 de marzo de 2011.

Desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar se ha dado un plazo razonable para la instalación de los nuevos chiringuitos –los cuales tienen carácter de desmontable y están ajustados a los planes anuales de playa–, para el traslado de los enseres y proceder en el día de ayer al derribo de las instalaciones obsoletas.

Estas actuaciones se enmarcan en la política del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para recuperar el litoral español, que colaborando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las zonas afectadas lleva a cabo los trabajos necesarios para mejorar la franja litoral, respetando las características medioambientales y paisajísticas de cada zona, para facilitar el uso y disfrute de la costa a todos los ciudadanos.

La recuperación posesoria se contempla en la Ley de Costas como uno de los instrumentos de protección de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. La facultad de recuperación posesoria es una prerrogativa de la Administración del Estado para la defensa de los bienes de dominio público. Esta potestad puede enmarcarse dentro de lo que se conoce como “Autotutela” de la Administración. Además, en el ejercicio de sus potestades en esta materia, los actos que dictará son ejecutivos, no necesitando, como ocurre en las recuperaciones posesorias entre particulares, el amparo de los órganos jurisdiccionales para llevarlos a cabo.

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