París. Un grupo de accionistas se ha adherido a la denuncia presentada por los minoritarios de Gecina, participada tanto por Metrovacesa como por Joaquín Rivero (algo más de un 16%), por los presuntos perjuicios que en su día supuso la compra de Bami. Estos accionistas minoritarios de Gecina presentaron una denuncia ante la AMF, el equivalente a la CNMV en Francia, por considerar que la compra de Bami por 107 millones en un momento en que el sector inmobiliario iba a la baja no tenía ningún sentido para la sociedad.
Para la defensa jurídica han contratado al despacho de abogados Grimaldi y a la agencia de investigación Kroll, la misma que, en su momento, se encargó de probar la culpabilidad de Mario Conde en el ‘caso Banesto’. Las pesquisas de Kroll deben orientarse hacia la obtención de documentos que aclaren qué sucedió con el acuerdo de separación de Metrovacesa, que quedó sin completar después de que los Sanahuja dejaran de ser accionistas de referencia de la inmobiliaria cotizada.
Esta acción no tiene relación alguna con la que interpuesta a finales del pasado mes de noviembre ante la Fiscalía Anticorrupción contra el actual consejo de la compañía y los Sanahuja como anteriores gestores de la inmobiliaria.
En torno a Metrovacesa y su actual situación se ha desencadenado una batalla judicial que se inició con el anuncio de la puesta en marcha de una acción social de responsabilidad por parte del actual consejo de la compañía contra el ex presidente Joaquín Rivero y el que fuera su consejero delegado Manuel González.
El relevo fue tomado por el primer grupo de minoritarios, que procedieron contra los Sanahuja y el actual consejo de administración después de que les solicitaran información sobre operaciones realizadas por la compañía durante el mandato de los Sanahuja sin obtener una respuesta convincente. A esto hay que añadir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Joaquín Rivero, al que acusa de un presunto uso de información privilegiada cuando era presidente de la empresa.
