Bruselas. La decisión del Gobierno de España de recortar las primas a la producción de energías renovables ha sido criticada por la Comisión Europea por atentar contra la seguridad jurídica imprescindible que necesitan las empresas para invertir, según ha comentado el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, y sobre todo por acometer ese recorte con carácter retroactivo, como además de España ha hecho la República Checa.
Las críticas del comisario europeo vienen a respaldar la iniciativa de las principales asociaciones del sector de renovables españolas, que han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional en el que instan a que el Tribunal Constitucional analice el decreto aprobado por el Gobierno en diciembre pasado por considerar que vulnera los principios de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica protegidos por la Constitución.
El principal cambio introducido por el Gobierno es la obligación del propio Ejecutivo de asumir la compra de toda la energía eléctrica, lo que puede originar una caída de entre el 20 y el 30% de los ingresos de las empresas y podría hacer peligrar su viabilidad.
En concreto el Gobierno redujo las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25%, mientras que las primas para las instaladas en suelo se reducen un 45%, con lo que calcula que ahorrará 607 millones de euros, a los que se unirán otros 740 millones de la reducción de horas con derecho a primas para las instalaciones fotovoltaicas.
El rechazo de Bruselas a las decisiones tomadas por España y República Checa radica en que precisamente el comisario de Industria cree que hay que doblar las inversiones anuales en el sector de las energías renovables hasta alcanzar los 70.000 millones de euros anuales, en aras de lograr el objetivo que se ha fijado la Unión Europea de que el 20% de la energía que se consuma en 2020 sea de origen renovable.
Además, la Comisión propone que haya más convergencia entre las ayudas a las producción de renovables que dan los diferentes países europeos así como la integración de sus respectivos mercados, de tal modo que a medio plazo puedan competir entre sí en el marco de un auténtico mercado único energético, competencia que ahorraría hasta 10.000 millones de euros anuales.
