Madrid. La Comunidad de Madrid ha sorteado 160 viviendas protegidas del Plan Joven de alquiler con opción a compra en Alcalá de Henares (Madrid). El viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco, acompañado por el alcalde de la ciudad complutense, Bartolomé González, y por el director general de Vivienda y Rehabilitación, Juan Van-Halen, explicó que, “con esta iniciativa de alquiler con opción a compra se facilita que el acceso a la vivienda se acomode a su ciclo vital y a sus posibilidades financieras, permitiendo llegar a la compra tras un alquiler previo y descontando el 50% de las rentas pagadas, y sin necesidad de soportar una carga hipotecaria los primeros años”.
Así, gracias al modelo del Plan Joven regional, los adjudicatarios han reducido el esfuerzo que dedican a su vivienda: hasta un 16% de sus ingresos para pagar el alquiler y un 28% en el momento de la adquisición, por debajo del nivel que recomiendan las entidades crediticias para conceder préstamos.
Los adjudicatarios de estas viviendas, de entre uno y dos dormitorios, pagarán una renta mensual media de 500 euros (entre 487 y 508 euros, según superficie) por una vivienda de hasta 70 metros cuadrados, con un garaje y trastero incluidos. Las viviendas que disfruten de una segunda plaza de garaje contarán con un alquiler mensual de 557 euros.
A partir del quinto, sexto o séptimo año de arrendamiento, los jóvenes adjudicatarios podrán ejercer su derecho a compra del piso descontando la mitad de lo abonado y por un precio final medio de 134.773 euros (si lo compran al quinto año), de 144.341 euros (al sexto año) y de 152.909 euros (si deciden ejercer la compra de su vivienda al séptimo año de alquiler).
Las viviendas sorteadas, cuya entrega está prevista para finales de este año o principios del próximo, cuentan con grandes estándares de calidad y han sido diseñadas con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Se destinan a jóvenes de hasta 35 años inscritos en la Lista Única de Vivienda regional, empadronados en Alcalá de Henares un mínimo de siete años y con unos ingresos anuales de hasta 5,5 veces el antiguo salario mínimo (índice IPREM, fijado en unos 50.000 euros). Cinco de las viviendas, además, se reservaron a ciudadanos con movilidad reducida.