La Fundación FAES ha presentado hoy martes 15 su nuevo informe Propuestas para una estrategia energética nacional, en el que propone una estrategia energética para el crecimiento y la competitividad en la España de las próximas décadas. Asimismo, ofrece cuarenta recomendaciones que abarcan la eficiencia y competitividad de los mercados; seguridad jurídica; eficiencia administrativa; excelencia supervisora; independencia e innovación y visión estratégica. El documento defiende que dicha estrategia ha de sustentarse en una visión nacional de la energía, con objetivos claros y estables y principios coherentes con ellos. Lea aquí el informe.
El nuevo informe de FAES, que actualiza y concreta el publicado en 2011, recoge los cambios ocurridos en el panorama energético nacional e internacional en estos dos últimos años. Partiendo de ese nuevo escenario, pone al día los análisis y describe los condicionantes que afectan al sector en España. Su propósito es, como en 2011, aportar ideas para el debate energético, necesario por girar en torno a una materia vital para España.
La presentación de Propuestas para una estrategia energética nacional ha corrido a cargo del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal; el presidente de Nereo GreenCapital, Pedro Mielgo, que ha coordinado los trabajos para la elaboración del informe, y del director de Economía y Políticas Públicas de FAES, Miguel Marín, que lo ha dirigido. En palabras de Marín, “el informe aporta un análisis equilibrado, sensato y coherente que tiene como resultante un mix óptimo de objetivos y una senda por la que transitar en las próximas décadas, optimizando la contribución del sector energético al crecimiento y la competitividad y respetando el medio ambiente y el bienestar de los españoles”.
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
El informe hace hincapié en que España necesita definir una estrategia energética que parta de objetivos claros y estables y de unos principios coherentes con ellos. Del acierto con el que se acometan la toma de decisiones estratégicas y las inversiones en el sector en las próximas décadas dependerá que la energía sea para España una palanca de crecimiento y competitividad o una pesada factura que siga pagando toda la sociedad.
Dichos objetivos, señala el documento, son garantizar la seguridad de abastecimiento; contribuir a la competitividad y al crecimiento; servir a la defensa del interés nacional; impactar de manera positiva en la economía y la industria, y dar un tratamiento adecuado y respetuoso al medio ambiente.
Para FAES, la consecución de dichos objetivos debe estar asentada también en unos principios coherentes con los objetivos nacionales. La política energética debe estar integrada con la económica y ser coherente con ella. Esos principios son una política energética de mercado; seguridad jurídica como condición para la actuación eficiente de los agentes económicos, especialmente en lo relativo a inversiones a largo plazo; y organismos reguladores que ejerzan con excelencia su función supervisora, que han de ser creíbles e independientes y contar con los recursos necesarios.
Junto a estos principios, otros como la promoción de la competencia mediante la asignación eficiente de los recursos; una visión internacional clara y a largo plazo de la política energética; y sostenibilidad en el tiempo, contando con todas las energías primarias y con todas las tecnologías disponibles.
AUSENCIA DE DEBATE
En Propuestas para una estrategia energética nacional han trabajado durante nueve meses un amplio grupo de expertos de primer nivel, reunidos en torno a numerosos seminarios y reuniones ejecutivas. Como punto de partida, el reconocimiento de que el debate energético en España ha brillado por su ausencia durante décadas, y de que lo poco que se ha debatido ha estado condicionado por posiciones ideológicas más que por la racionalidad. En consecuencia, no ha existido una verdadera estrategia energética nacional que tenga en cuenta nuestra posición geoestratégica, potencialidades y las restricciones a las que nos enfrentamos.
Pedro Mielgo ha afirmado durante su intervención que “un buen termómetro de la salud cívica de una sociedad sana es la calidad de la discusión sobre las grandes cuestiones de interés nacional, y la energía es una de ellas”. “Basta decir que la factura energética representa en los países de la OCDE entre el 4,5 y el 7,0 por ciento del PIB; que en España tenemos un grado de dependencia de las importaciones energéticas de los más elevados tanto de la UE como de la OCDE; que buena parte de las tensiones geoestratégicos actuales tienen que ver con la energía, y que la competitividad de las empresas depende, entre otros costes, del de la energía”, ha enumerado.
El documento defiende además que la crisis que atraviesa la economía española ha desencadenado una creciente demanda de realismo político y de propuestas sólidas y viables, también en el campo de la energía. Se abre paso la conciencia de que es necesario abordar reformas de forma rigurosa y libre de prejuicios. En este sentido, Marín ha subrayado que con la publicación de este informe “FAES cumple una vez más con el cometido de generar debates y aportar ideas basadas en el rigor y en el seguimiento de las tendencias internacionales, con el propósitos de contribuir a la mejora del funcionamiento de la sociedad española”.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
El informe arranca repasando el escenario energético a escala mundial, los cambios geoestratégicos, tecnológicos y regulatorios y los tres ejes que sirven como marco de referencia: seguridad de abastecimiento; competitividad y crecimiento económico, y protección del medio ambiente. A continuación se detiene en enunciar las fortalezas y debilidades del sector energético español. Entre las primeras, contar con empresas eficientes e internacionalizadas, el éxito en la incorporación de tecnologías y la calidad de las redes logísticas básicas. Entre las debilidades, la incertidumbre regulatoria y los elevados precios finales de la electricidad como consecuencia de los sobrecostes.
De igual forma, el informe también describe los problemas económico-técnicos y estratégico-políticos que aquejan a la política energética en España. En este punto, el texto considera la dependencia energética española -cifra el grado de autoabastecimiento en un 24 por ciento a finales de 2011, en contraste con el 54 por ciento de la media de la UE-27-. Junto a ella, enumera la existencia de un mix energético rápidamente cambiante, que complica y encarece su gestión operativa; la obligación de utilizar el carbón nacional, caro y de baja calidad; y unos mercados intervenidos y de precios distorsionados.
Entre los condicionantes estratégicos y políticos, de nuevo la carencia de una visión nacional, estratégica y global; una regulación errática y cambiante; el desorden en el proceso de apoyo a las renovables y la incompleta liberalización del sector.
De izq. a dcha., Pedro Mielgo, Alberto Nadal y Miguel Marín
ELEMENTOS NOVEDOSOS
Una vez descrito el escenario, el documento avanza en el análisis y diagnóstico de la situación actual del sector energético español, atendiendo a las diversas fuentes. En este punto, además, se describen algunos de los elementos novedosos que han incidido en él en los últimos dos años, tales como el incremento del déficit eléctrico, el aumento del precio final de la electricidad, la incorporación de las Terceras Directivas de electricidad y de gas al ordenamiento jurídico, el impacto de la crisis en la demanda de energía y el nuevo modelo de regulación, por citar solo los más relevantes.
El informe señala que el dinamismo de los sectores energéticos se manifiesta en múltiples direcciones y hace necesario tener en cuenta estos cambios, y otros que asoman en el horizonte, en el diseño de las estrategias nacionales y supranacionales. Las estrategias y las políticas no son ni pueden ser estáticas, sino que deben evolucionar de forma acorde con los cambios en los escenarios y en los factores que las determinan.
En suma, este nuevo informe de FAES expresa que la política energética debe ser coherente con los grandes objetivos nacionales; no sólo con los de corto plazo sino, sobre todo, con los de largo plazo, los que tratan de definir el posicionamiento económico y político de nuestro país en el futuro. Una de sus expresiones más genuinas es el mix energético a largo plazo, que debe ser guía y orientación de las actuaciones concretas que desarrollen dicha política.
