lunes, 5 diciembre 2022
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Cataluña deja sin efecto la venta de dos edificios a la empresa de origen israelí Nadlan BCN

La Generalitat de Cataluña se ha quedado finalmente sin los casi 64 millones que tenía pensado ingresar por la venta de sendos edificios, sedes de la Consejería de Empresa y Empleo, ofrecidos el pasado verano en venta directa tras varios concursos desiertos. Al final, la desconocida empresa de origen israelí Nadlan BCN, tras demorar el pago comprometido en varias ocasiones, se ha quedado sin los inmuebles.

No obstante, el Ejecutivo catalán sí logró, al menos, ingresar los casi 16 millones de euros que la referida empresa puso como garantía, correspondiente al precio de venta fijado.

El acuerdo de venta incluía que las dependencias de la consejería se mantuvieran en el edificio, con un alquiler de 111.527 euros al mes en la sede de Sepúlveda y de 122.000 en la del Paseo de Gracia, la conocida como Torre Muñoz, cuyo estado requiere de una profunda reforma.

Cuando se formalizó el contrato en junio, Nadlan BCN abonó esos 15,89 millones, correspondientes al 25% del precio total de venta, en concepto de garantía. Y el resto, 47,68 millones, debía abonarlos antes del 25 de julio. Pero unos días antes del vencimiento de ese plazo, el 11 de julio, la compañía pidió un aplazamiento, que el Gobierno catalán le concedió para después de vacaciones.

Pero el 30 de septiembre, un día antes de que venciera el nuevo plazo de pago, Nadlan pidió una nueva prórroga, hasta el 1 de diciembre, que en esta ocasión el Ejecutivo en funciones, presidido por Artur Mas, dijo que no. De esa Manera, la semana pasada, en su reunión del 3 de noviembre, el Gobierno autónomo acordó dejar sin efecto la venta a Nadlan, así como estudiar la toma de acciones legales para reclamar daños y perjuicios, además de prohibir a la empresa contratar en un futuro con la Generalitat.

Cuando en junio se conoció la adjudicación, la sorpresa fue mayúscula entre los agentes del sector inmobiliario local. Nadie conocía a Nadlan BCN, una empresa constituida expresamente para comprar los dos edificios de la Generalitat, ni a su administrador único, el israelita Morris Moshe.

Y todos mostraron su perplejidad acerca de la viabilidad de la operación como inversión, a ese precio de casi 64 millones de euros, ya que la rentabilidad que daba dejándolo en alquiler era muy baja.

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