domingo, 5 febrero 2023
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Plan de reordenación del patrimonio público para ocupar edificios vacíos

Madrid. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido en el Senado para explicar las medidas que va a tomar el Ejecutivo en las próximas semanas. Durante su intervención ha destacado que el Gobierno llevará a cabo una reducción del sector público.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que actualmente existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios.  Se trata de redimensionar el sector público. Para ello, se llevará a cabo una reducción inicial del 20% de las entidades públicas, ha dicho.

La vicepresidenta ha señalado que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permitirá que el Estado y las haciendas públicas “no gasten más de lo que ingresan, una regla básica de la economía doméstica”. En el marco de esta ley se devuelve al Senado la capacidad de vetar el techo de gasto que plantee el Gobierno con los mismos efectos que en el Congreso, dotando de mayor peso a la Cámara Alta, tal y como ya anunció a los senadores.

En este orden de reducir los gastos, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado un plan para la reordenación del patrimonio público. “El Estado cuenta con más de 55.000 edificios públicos y a pesar de eso se gasta 100 millones de euros al año en alquileres, dejando edificios públicos sin utilizar por valor de 500 millones de euros”.

Sáenz de Santamaría adelantó también que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno llegará en un mes al Consejo de Ministros. Su intención es “derribar muros y poner techo de cristal” para que los políticos rindan cuentas a la ciudadanía sobre las decisiones de las administraciones. Esta Ley se llevará a cabo con las sugerencias de los ciudadanos a través de un canal en Internet donde puedan enviar sus propuestas.

Esta Ley recoge la exigencia de Buen Gobierno cuya vulneración dará lugar a infracciones administrativas que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.  A quienes comprometan gastos o asuman obligaciones, sin crédito. A quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas y a quienes no colaboren o aporten documentación requerida por tribunales u órganos de fiscalización. El Gobierno aprobará una ley complementaria de esta Ley de Transparencia. Será una modificación del Código Penal.  Con estas medidas España se incorpora a las políticas mundiales de Gobierno Abierto.

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