miércoles, 1 febrero 2023
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Comisión para el cumplimiento del mandato constitucional de vivienda digna

Madrid. Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha presentado ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para la creación de la Comisión permanente para el cumplimiento del mandato constitucional para una vivienda digna, en base a lo establecido en el artículo 47 de la Carta Magna de que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
 
Un derecho, señala CiU, que “ha sido uno de los más difíciles de ejercer por la ciudadanía durante toda la democracia”, porque durante la época del ‘boom’ inmobiliario, tanto los precios de las viviendas de propiedad como las de alquiler, subieron muy por encima de los salarios, dificultando el acceso a una vivienda. Hecho que quedó mitigado por la gran concesión de hipotecas por parte de las entidades financieras a cambio de hipotecas de larga duración, 30 años o más en muchos casos”.

Esta dificultad para acceder a una vivienda queda reflejado en la evolución del ratio entre el precio de la vivienda y la renta familiar bruta disponible, que mide los años que una familia necesita para pagar una vivienda considerando que destina todos sus ingresos a la misma. Antes del ‘boom’, este ratio se situaba alrededor de los cuatro años, llegando a rozar los ocho años en el 2007, en el momento de mayor valoración de los pisos.

A estos problemas de acceso a la vivienda, hay que añadir que desde el inicio de la crisis, muchos ciudadanos han sido desahuciados de sus viviendas al no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler. En el caso de las hipotecas, se han producido más de 280.000 ejecuciones hipotecarias desde el año 2008. A raíz de esta nueva situación, desde distintos sectores de la sociedad se ha reclamado la dación en pago de las deudas hipotecarias de las personas físicas, tal y como ocurre con las empresas.

Además, se da la paradoja que mientras hay un elevado stock de viviendas sin vender, entre 800.000 y 1.100.000 según el Banco de España, una parte importante de la población no puede acceder a una vivienda, ya sea porque los precios son todavía demasiado elevados, por falta de ingresos o por falta de financiación. A estos datos hay que añadir que en el Estado español un 16 % de las viviendas se encuentran vacías.

Por otra parte, en el Estado español se da la peculiaridad de la poca oferta de alquiler, a diferencia de otros países de la Unión Europea. Así, mientras en Alemania o Francia el porcentaje de viviendas de alquiler supera el 40 %, o en el Reino Unido se sitúa alrededor del 30 %, en nuestro caso sólo el 13 % de las viviendas son de alquiler.

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, la edad de emancipación de los jóvenes se retrasa, muchos jóvenes permanecen en casa de los padres, concretamente un 65 % de los que tienen entre 25 y 29 años, frente al 20-22 % que se da en Francia, Holanda o el Reino Unido.

Durante los últimos años se ha contemplado la vivienda más como un bien de inversión o un bien mercantil, que como un bien imprescindible para que las personas puedan desarrollar su vida.

Esta problemática de falta de acceso a una vivienda digna en el Estado español ya fue puesta de manifiesta por el Relator Especial de la ONU sobre una vivienda en su informe del año 2008 “sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado”. En este informe puso de manifestó la necesidad de adoptar una política de vivienda basada en los derechos humanos y en la protección de los grupos más vulnerables, de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada.

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