jueves, 9 febrero 2023
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

Los problemas sobre la vivienda copan buena parte de la actividad del Defensor del Pueblo en 2011

Madrid. En un ejercicio que volvió a estar marcado por la crisis económica, la Oficina del Defensor del Pueblo, dirigida por María Luisa Cava de Llano, incrementó sus recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las distintas administraciones públicas, hasta alcanzar las 534 resoluciones, 86 más que en 2010. El numero de quejas individuales presentadas por los ciudadanos se mantuvo a niveles del registrado en 2010, si bien descendió el número de quejas colectivas.

Los temas económicos son los que más siguen preocupando a los españoles: el paro, las prestaciones sociales, los problemas con entidades bancarias, el acceso a la vivienda, fueron algunos de los temas más recurrentes en las quejas de los ciudadanos.

En materia de vivienda destacan las sugerencias aceptadas por la Administración sobre solicitudes de vivienda por especial necesidad o sobre revocaciones de desahucio. Asimismo, en 2011 se han concluido casi 40 investigaciones sobre vivienda de protección pública con solución a problemas planteados por los interesados: reparación de daños constructivos, subsanación de desperfectos en elementos comunes por vandalismo, permuta a otra vivienda más adecuada o el pago efectivo de ayudas a la entrada, entre otros.

Por otra parte, en 2011 se continuó con la supervisión de los sistemas de ayudas como los contratos con la Sociedad Pública de Alquiler o la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes. También se ha abierto una investigación de oficio con las CCAA sobre la posibilidad de que haya en todo el país miles de viviendas públicas desocupadas.

Asimismo, se han formulado recomendaciones sobre las condiciones mínimas que deben tener las viviendas reservadas a personas con discapacidad; para que las campañas publicitarias sobre ayudas a la vivienda incluyan de forma expresa y clara una advertencia de las limitaciones previstas, presupuestarias o de otro tipo; para que se implante una gestión más eficaz de desalojo de viviendas de titularidad pública ocupadas ilegalmente; o para que se cree un Registro Único de Demandantes de vivienda protegida.

También se abrió una actuación de oficio por el endurecimiento de las cláusulas de préstamos e hipotecas. Aunque se trata de prácticas legales, desde la Institución se considera que estos productos no ofrecen una información adecuada a los consumidores acerca de los elevados riesgos que conllevan. En este contexto, la Institución está trabajando en un informe sobre el sistema hipotecario español, que será presentado próximamente. También en breve verá la luz un informe monográfico sobre el catastro.

Por otro lado, la crisis económica ha hecho que las quejas relacionadas con temas tributarios se incrementen notablemente. En este contexto, la Defensoría ha insistido en la necesidad de aplicar una especie de IBI social que tenga en cuenta las circunstancias de los menos favorecidos, pues la propiedad de una vivienda no es representativa de la capacidad económica de su titular, sobre todo cuando no se puede vender y el valor catastral sigue creciendo.

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