sábado, 10 diciembre 2022
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Vuelta de tuerca en Bruselas para evitar casos como el de Bankia

Madrid. La Comisión Europea vuelve a poner hoy sobre la mesa la desesperante lentitud con la que suele actual. La iniciativa que hoy presenta, para que casos como el de Bankia no vuelvan a suceder y sean los propios accionistas los que apechuguen con los agujeros en los que incurren las entidades, no es nueva. Ya se recomendaba hace tiempo en una reunión del G-20 y, además, para su puesta en marcha definitiva deberá contar con el visto bueno tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. En el mejor de los casos, podría entrar en vigor dentro de un año.

La propuesta incluye la creación de fondos nacionales de resolución que tendrán la obligación de prestarse mutuamente recursos para financiar una reestructuración o una liquidación ordenada de una entidad con graves problemas y que pondrán en común sus medios para hacer frente a problemas bancarios transfronterizos. Fondos que se financiarán con contribuciones de la banca y de firmas de inversión y su propósito es facilitar una reestructuración o liquidación ordenada de un banco insolvente y no rescatarlo o otorgarle una ventaja injusta desde el punto de visto de la competencia, señalan desde la Comisión Europea.

De esta manera, los fondos de resolución se podrán utilizar solamente para dar préstamos temporales, para comprar activos específicos de una entidad en proceso de resolución o para garantizar ciertos activos o pasivos de una institución financiera sometida a resolución.

Además, las autoridades nacionales tendrán el poder de imponer quitas o pérdidas a los accionistas y bonistas que no gozan de ningún privilegio o derecho preferente en caso de quiebra y a convertir deuda en acciones y capital. Esta herramienta no entrará en vigor hasta 2018.

Todo el plan se basa en el principio de que la prevención es siempre preferible a actuar cuando la bomba ya ha explotado. Por ello, cuando las autoridades detecten el deterioro de la situación financiera de una entidad podrán tomar medidas como restringir actividades comerciales o cambiar aspectos legales o de la operativa del banco. En esta fase ya es la solvencia de la entidad la que está en juego. El regulador tiene derechos reforzados que incluyen convocar a los accionistas para proponer un plan de salvamento, exigir a la institución que diseñe un plan para reestructurar la deuda o incluso nombrar nuevos gestores.
 

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