domingo, 5 febrero 2023
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¿Y qué pasa si se cierra la planta Castor?

Normalmente, cuando un ministro acude a alguna instalación de una empresa suele ir acompañado del principal dirigente de la misma. El otro día, cuando el ministro de Industria, José Manuel Soria, visitó la polémica planta Castor –a 30 kilómetros de la costa frente a Peñíscola, Vinaroz y Benicarló–, algunos echaron en falta la presencia de Florentino Pérez, al ser la concesionaria Escal UGS, una sociedad controlada por ACS.

A partir de ahí, algunos han empezado a echar cuentas de qué pasaría si la planta llegara a cerrarse, con esos 1.300 millones de euros de inversión comprometidos, casi tres veces más de lo presupuestado inicialmente. Nadie quiere saber nada de esta posibilidad, y todo el mundo echa balones fuera.

Existe un sinfín de cuestiones a dilucidar en el caso, y en un par de semanas deberá producirse una nueva inyección de gas, de acuerdo con el ‘planning’ fijado por la concesionaria. De no hacerlo habría que hacer frente a costes adicionales.

El negocio, en este caso para la filial de ACS, está en la retribución que establece el Ministerio de Industria para la constructora de la planta y, después, en la puesta a disposición de estas reservas por parte de los operadores previo pago del peaje correspondiente.

Entre el Ministerio y ACS, un tercer protagonista, como es Enagas, que firmó un preacuerdo para comprar, por 400 millones de euros, un tercio del proyecto, siempre que se produjera la puesta en marcha definitiva del almacén.

El tema de Castor le llegó al ministro Soria hace año y medio, al poco de asumir la cartera de Industria. Entonces, en un primer instante, anunció que se iba a reducir la retribución a los almacenes subterráneos para hacer menos atractiva la inversión en el Castor, con el fin de evitar que la llegada de una nueva y carísima infraestructura contribuyera a aumentar aún más el déficit de tarifa del gas y los precios de la factura que pagan los ciudadanos.

Solo fue un amago. Al final, el pasado mes de mayo, una resolución del Ministerio introducía un cambio legal que eximía a Escal UGS de gastarse un dinero del que probablemente no dispone para sufragar el gas que permitirá poner en marcha el almacén, y lo hacía contemplando la posibilidad de que un tercero pueda subrogarse en las obligaciones y derechos del titular del almacenamiento en lo que se refiere a la adquisición de gas.

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