sábado, 26 noviembre 2022
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El Supremo ratifica la incongruencia del plan de urbanismo de Gijón

«No haber lugar a los recursos de casación interpuestos, por el Ayuntamiento de Gijón, Promociones Rendueles López, S.L., Suelo Urbanizable de Granda, S.C., Promociones Cascos, S.A., Junta de Propietarios del Sector del Plan Parcial UZB-R.5, Alto del Infanzón, S.C. y Junta de Compensación UZN-R.3 Bernueces, contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 2013 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en su recurso nº 1496/2011».

Este es el resumen del fallo del Tribunal Supremo respecto al Plan General de Ordenación Urbana que intentaba sacar adelante el Ayuntamiento de Gijón. Lo que hace el Supremo es rechazar la casación interpuesta contra la dictada el 28 de febrero de 2013 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA).

En esa sentencia se explica que se ha producido indefensión con vulneración relevante de los principios de publicidad y participación ciudadana en la elaboración del plan de urbanismo.

Dicha sentencia entiende que se ha producido vulneración de la normativa autonómica en cuanto establece el derecho de los ciudadanos a consultar la documentación que ha servido de base a la formación del Plan, dado que no se sometió a exposición pública determinados informes de fundamental importancia en cuanto estudian el riesgo geológico o natural de determinadas áreas o zonas del municipio, y ello pese a haber sido expresamente requeridos por la entidad recurrente.

La sentencia del TSJA, dice el Supremo, no adolece de falta de motivación, desde el momento que expone las razones determinantes de su pronunciamiento anulatorio, como se acredita, por otra parte, con el resto de los motivos de casación, en los que precisamente se combate dicha motivación.

En el segundo motivo de casación del Ayuntamiento de Gijón y en el tercero de las entidades recurrente, formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de ésta Jurisdicción, se denuncia infracción de los artículos 218.2, 281, 317 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 9.3 y 24 de la Constitución, puesto que consideran que la sentencia es manifiestamente irrazonable, en cuanto no se han cumplido las reglas para la valoración de las pruebas.

Entienden los recurrentes que la sentencia de instancia ha incurrido en infracción de las normas de valoración de la prueba, toda vez que los informes a los que se refiere aquella no era obligado exponerlos en el trámite de información pública por constituir mera bibliografía, que habría servido de base al equipo redactor del Plan pero que no constituía documentación del mismo.

Sin embargo, apunta el Supremo, del examen de la Memoria Informativa del documento de revisión del Plan cuestionado -anexo 1.IV (Estudios de Riesgos Naturales y Tecnológicos)- se deduce que dichos informes no pueden reducirse a la simple consideración de unas notas bibliográficas.

Así, se reconoce que en la zona de el Muselín «se han tenido en cuenta los distintos estudios geológicos realizados para el Plan Especial de Reforma Interior de Campa de Torres (PE-17) en cuanto al <<Informe geológico para el Plan Especial del Muselín T.M de Gijón (Asturias)>> de David Villa García (2009) y el <<Informe geológico Reisgos Teológicos en el Muselín (Gijón)>> de Avelino Suárez (2009).

Por su parte, el informe denominado «Estado de afectación de la subsidencia generada por el abandono de la explotación «Minera, Hidrología y Proyectos S.L. 2009, para Mina La Camocha S.A., es tenido muy en cuenta.

La conclusión, pues, a la que llega la Sala del TSJA, es que dichos informes, relativos a los riesgos geológicos que concurren en el Municipio de Gijón en cuanto condicionantes de la revisión del esquema territorial de las áreas afectadas, debieron incorporarse al expediente, a la vista de las reiteradas peticiones realizadas por la entidad recurrente en los dos trámites de información pública previstos en la legislación autonómica, no pueden considerase como una valoración arbitraria.

En este mismo motivo de casación, el Ayuntamiento realiza una serie de consideraciones, de muy diversa índole, en el que si bien en su enunciado se citan como infringidos diversos preceptos estatales, en su desarrollo se invocan los artículos 65 y 99 del TROTUA y 178 y 179.2 del Reglamento que lo desarrolla que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la Ley de ésta Jurisdicción, tienen vedado su acceso a la casación.

Asimismo tampoco puede tomarse en consideración las alegaciones relativas al artículo 62 de la Ley 30/1992, pues si bien el motivo empieza por reconocer que así como respecto de los «actos administrativos», nuestro ordenamiento distingue los supuestos de nulidad de pleno derecho -artículo 62.1 y de mera anulabilidad -artículos 63-, tratándose de disposiciones de carácter general no existe tal dualidad, pues siempre que incurran en vulneración legal serán anuladas de pleno derecho -artículo 62.2-, sin embargo cita a continuación una serie de sentencias, casi todas relativas a indefensión de actos administrativos.

En todo caso, obligado será recordar que no nos encontramos ante un acto administrativo sino ante la elaboración de una disposición de carácter general, por la que la infracción del trámite de información pública determina su nulidad por quebrantamiento del principio de participación ciudadana en la elaboración del Plan.

Estas mismas consideraciones sirven para rechazar el sexto motivo formulado por las entidades recurrentes en el que se denuncia «violación de los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, dado que los recurrentes en la instancia no han sufrido indefensión».

En los motivos cuarto y quinto del recurso de las entidades recurrentes se denuncia, en aquel, infracción del artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, y, en éste, infracción de la jurisprudencia relativa al principio de proporcionalidad. En ambos motivos se cuestiona, desde perspectivas distintas, la declaración de nulidad de la totalidad del Plan, cuando consideran que en su caso, debía haberse limitado a las áreas o sectores afectados.

Interesa, ante todo, señalar que la jurisprudencia niega la posibilidad de que en sede de un recurso de casación se introduzcan cuestiones nuevas que no hayan sido suscitadas en la instancia, y ello porque el recurso de casación tiene como finalidad propia valorar si se infringieron por el Tribunal «a quo» normas o jurisprudencia aplicables, y resulta imposible que pueda producirse una infracción en relación con una cuestión que ni siquiera fué considerada, y sobre la que, por tanto, no hubo pronunciamiento en la sentencia, omisión que, en su caso, de entenderse improcedente, tendría su adecuado cauce revisor por la vía del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de ésta Jurisdicción.

En todo caso, y prescindiendo incluso de otras consideraciones, obligado es recordar que la nulidad del Plan se ha decretado por razones formales, lo que, en el presente caso, comporta la retroacción del expediente al momento inmediatamente anterior al trámite de información pública.

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