Wednesday, 6 July 2022
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Las viviendas embargadas en Reino aumentan un 54% en 2008 y alcanzan máximos desde 1996

   LONDRES.   El número de viviendas embargadas en Reino Unido durante 2008 alcanzó las 40.000 unidades, un incremento de un 54% respecto al año anterior, después de que la cifra de propietarios desposeídos llegase a niveles inéditos desde 1996, cuando los laboristas aún no habían asumido el poder.

   El Consejo de Prestamistas Hipotecarios (CML, en sus siglas en inglés) dio hoy a conocer los resultados del pasado ejercicio, que aunque no llegaron a los 45.000 que se pronosticaban, revelan el impacto que la crisis ha supuesto para el mercado inmobiliario, ya que el año pasado el total llegó a 25.900.

   No obstante, todavía se encuentra lejos de las 75.500 que se llegaron a registrar en 1991 con la severa crisis de la vivienda que a principios de la pasada década se produjo en las Islas, si bien las previsiones para este ejercicio apuntan a cifras similares, lo que convertiría 2009 en uno de los años más duros de la historia inmobiliaria británica.

   Una muestra de la situación es el severo crecimiento del porcentaje de pagos atrasados, hasta el 70 por ciento, ya que unas 219.000 personas lo presentaban de al menos tres meses a final de año, notablemente por encima de las 127.500 de 2007. Además, según el CML, el número podría pasar del doble y llegar a los 500.000 atrasos en el abono de hipotecas este mismo ejercicio, prueba del “agotador esfuerzo” de los ciudadanos por mantener sus posesiones.

   Sin embargo, esta tendencia podría frenarse a partir del plan presentado el pasado diciembre por el primer ministro británico, Gordon Brown, que garantiza una moratoria de dos años para los pagos atrasados con el objetivo de evitar la reposesión masiva de viviendas de aquellos propietarios con dificultades para abonarlos mensualmente.

   La medida no llegó a entrar en vigor en 2008, por lo que las cifras dadas a conocer hoy revelan el incremento de embargos registrado especialmente en los últimos meses de año, en los que el impacto de la crisis de crédito se trasladó a las economías domésticas, y los efectos que la recesión, en la que ya se encuentra oficialmente Reino Unido, puede desencadenar en el mercado inmobiliario.

   La estrategia del Gobierno respalda decisiones similares ya adoptadas por bancos como el Royal Bank of Scotland o el nacionalizado Northern Rock, que ampliaron a seis meses el plazo para los titulares con problemas para hacer frente al pago de la vivienda.

   Según el plan del Ejecutivo, las personas en riesgo de embargo podrán retrasar el abono de sus hipotecas hasta un plazo de dos años, especialmente en el caso de aquellos que hayan perdido sus trabajos o sufrido un importante descenso en el nivel de renta.

   Para ello, ocho de las principales entidades de préstamo del país, con el 70% del mercado, se han sumado a la iniciativa, pensada para asegurar que ninguna toma posesión de un inmueble en caso de que las facturas no sean cumplimentadas en un semestre, o trimestre en el caso de la mayoría, así como para disipar el temor a una reposesión generalizada como consecuencia del impacto de la crisis en las economías domésticas.

   En este contexto, otras cifras dadas a conocer también hoy por el Ministerio de Justicia reflejan que el número de órdenes de embargo presentadas por los prestamistas se redujo un 32% en el último trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, si bien el de las presentadas por los jueces creció un 14% a lo largo del año, con un total de 29.095.

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