Thursday, 7 July 2022
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

El peligro de repetir los errores del pasado en materia de vivienda

Madrid. A día de hoy, las políticas en materia de vivienda que ha desarrollado el actual Gobierno de España han sido un completo fracaso: el flamante y ya inexistente Ministerio de Vivienda, alarde de gasto público innecesario, no ha conseguido llevar a cabo con fortuna ni uno de los proyectos que planteó originariamente, desde reducir la especulación del suelo o mejorar las condiciones de urbanización y desarrollo territorial, hasta solucionar el problema del acceso a la vivienda e impulsar el desarrollo de Vivienda Protegida para las capas de población con menos recursos económicos, hacer inmobiliarias públicas (SPA) o promover la construcción de “zulos”, eufemísticamente bautizados con el nombre de “minipisos”. Los hechos, y no las subjetivas apreciaciones de los mismos, evidencian este fracaso; en efecto, en la actualidad la Sociedad Civil española tiene serios problemas para acceder a un derecho básico garantizado por la propia Constitución como es el de la tenencia de una vivienda digna, los problemas de cohesión y desarrollo territorial, (con los consiguientes problemas derivados como las congestiones de tráfico, la polución, la persistencia de áreas y barrios marginales, etc.), siguen presentes, de las 150.000 viviendas VPO prometidas en esta legislatura apenas se han desarrollado la mitad, muchas de las cuales ni siquiera han podido entregarse a sus adjudicatarios por la falta de financiación, el precio de la vivienda continúa siendo desproporcionado en relación al salario medio, los trámites burocráticos innecesarios para el desarrollo y promoción de vivienda han aumentado, y en definitiva, el sector residencial sigue padeciendo los mismos problemas que hace ocho años, pero añadiendo además la actual crisis crediticia y su repercusión en los sectores reales de la economía.
 
Y ahora que estamos a las puertas del inicio de una guerra electoral de especial trascendencia para el país, el Partido Popular ha reabierto la discusión planteando de nuevo una vuelta a la Ley del Suelo de 1998, algo que llevamos defendiendo públicamente desde hace meses. Como es lógico, no se han hecho esperar las críticas y las alusiones a la posibilidad que tendría tal medida de provocar una nueva “burbuja inmobiliaria”. Por su parte, el candidato socialista para las Elecciones Generales del 2012, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado la posibilidad de que el Estado central controle de alguna manera el desarrollo de los “planes urbanísticos” para evitar la “corrupción”.
 
Pero expliquemos los hechos de manera clara y sencilla para evitar distorsiones interesadas: a principios de este siglo se juntaron una serie de condicionantes que generaron una fuerte demanda real de vivienda en el país. A su vez, unos tipos de interés extraordinariamente bajos durante un dilatado período de tiempo y una laxitud crediticia sin precedentes, favorecieron la concesión de créditos baratos y la aparición de especuladores que aprovechando dichas condiciones, generaron una demanda añadida de vivienda con el objetivo de revender a precios más altos. El fuerte crecimiento de la economía a nivel mundial determinó también el crecimiento de nuestra economía nacional. La Ley del Suelo 6/98 nació con el objetivo de regular la oferta, el uso y la clasificación del suelo en dichas condiciones para evitar un crecimiento desmesurado de los precios del suelo y su repercusión en los de la vivienda, y es evidente que ha supuesto un fracaso absoluto en estos objetivos. ¿Por qué? Pues porque no se aplicó correctamente. Y gracias a ello tenemos unos precios del suelo, y por extensión, de la vivienda, tan elevados. Un exceso de regulación; más exactamente, un exceso de mala regulación, es lo que ha posibilitado el crecimiento excesivo de los precios.
 
Desde nuestra independencia ajena a intereses políticos y/o sectoriales, consideramos que será un gravísimo error de funestas consecuencias perpetuar la actual Ley del Suelo y las políticas de vivienda que se llevan acometiendo desde hace ocho años, y que se han demostrado totalmente ineficaces para regular nuestro mercado de vivienda.
 
 
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