Wednesday, 6 July 2022
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El Ayuntamiento de Madrid aprueba el nuevo proyecto de reparcelación de Valdebebas

Valdebebas podrá volver a obtener licencias para construir nuevas viviendas. La aprobación por la Junta de Gobierno del proyecto de reparcelación económica del ámbito, tras el periodo de información pública y el estudio de alegaciones, desbloquea totalmente el desarrollo del nuevo barrio, donde se podrá comenzar a levantar los 7.588 pisos que restan por edificar, y  cuya construcción supondrá la creación de más de 17.000 puestos de trabajo. El total de viviendas previstas en el ámbito es de 12.500 viviendas, el 50% de las cuales tienen algún tipo de protección.

El Ayuntamiento de Madrid ha concluido en tiempo récord el proceso administrativo del nuevo proyecto de reparcelación, que subsana los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de junio de 2014. Dicha sentencia, dictada en un recurso de apelación, declaró la nulidad del antiguo proyecto de reparcelación aprobado el 25 de noviembre de 2009 en contra del criterio de la primera instancia, que confirmó la legalidad del mismo.

La consecuencia de dicha sentencia fue la paralización de la concesión de licencias en el ámbito. Para solventar esta situación, el Ayuntamiento ha tramitado en tiempo récord un nuevo proyecto de reparcelación que desarrolla las determinaciones del planeamiento aprobado el 1 de agosto de 2013, a través de la revisión parcial del Plan General de 1985 y Modificación del Plan General de 1997.

El proceso para la redacción y aprobación del proyecto de reparcelación  ha conllevado la notificación a todos los titulares de suelo afectados por el nuevo proyecto y el obligado periodo de información pública. Una compleja tramitación en la que el Ayuntamiento de Madrid ha empleado todos sus recursos para conseguir desbloquear el desarrollo del nuevo barrio y responder a las expectativas de las familias afectadas.

Este proyecto de reparcelación económica es una herramienta jurídica y urbanística cuyo objeto es adaptar la configuración de las fincas a la ordenación urbanística establecida tras la revisión parcial del Plan General de 1985 y Modificación del Plan General de 1997, y repartir entre los propietarios las cargas económicas derivadas del desarrollo del ámbito.

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