Sunday, 14 August 2022
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Vivienda modifica la Renta de Emancipación para agilizar su trámitación tras los retrasos detectados

 

Unos 100.000 jóvenes ya cobran los 210 euros mensuales, un 58,7% más que al cierre de 2008

   MADRID.  El Gobierno aprobó hoy la modificación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación para “mejorar y agilizar” la tramitación de esta ayuda de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años, después de los retrasos que se han venido produciendo en algunas comunidades autónomas.

   Fundamentalmente, se han ampliado las modalidades de pago del  arrendamiento admitidas. Así, alternativamente al sistema vigente, se admitirá la domicialización del pago por cargo en cuenta.

   Desde la puesta en funcionamiento de la ayuda se estableció un sistema de control del pago del alquiler por el beneficiario basado en la transferencia bancaria que éste efectuaba al arrendador. Con posterioridad, el Ministerio aceptó la modalidad del pago mediante cargo en cuenta, cuya diferencia es que no son las entidades de crédito las que lo ordenan, sino el gestor del alquiler, que lo cobra mediante recibo.

   Las modificaciones introducidas también aclaran algunos términos cuya interpretación había generado dudas. Por ejemplo, aclara el concepto de fuente regular de ingresos o el momento en que se devenga la ayuda a quienes hubieran obtenido el reconocimiento provisional del derecho.

   Asimismo, esta modificación introduce novedades en el plazo de solicitud de las ayudas para el aval y la fianza, y establece un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato de alquiler, salvo que las comunidades autónomas establezcan un plazo inferior. Hasta ahora, este plazo no existía puesto que tanto el aval como la fianza se limitaban a los nuevos contratos de alquiler.

   Por otro lado, el Ministerio de Vivienda asegura que se están adoptando otras medidas para agilizar más la gestión de los pagos, como la modificación de los convenios con las entidades de crédito para facilitar la transmisión de información, el refuerzo de medios personales y tecnológicos o la mejora de la información presencial, telefónica y telemática a los interesados.

BALANCE DE LA GESTIÓN.

   Por otro lado, el Consejo de Ministros analizó un informe de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre el funcionamiento de esta subvención, en el que se concluye que, con datos avanzados del primer trimestre, cerca de 100.000 jóvenes perciben ya la Renta Básica de Emancipación, lo que supone un 58,7% más que al término de 2008.

   Además, desde su entrada en vigor, en enero de 2008, se han contabilizado unas 220.000 solicitudes, 155.000 resoluciones favorables de las comunidades y ciudades autónomas y casi 100.000 pagos ordenados. “La diferencia entre resoluciones favorables y pagos obedece a la complejidad propia de la ayuda y a los exhaustivos controles establecidos para evitar errores y fraudes”, explica el informe.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los objetivos de la Renta Básica de Emancipación “se están cumpliendo”.

INFORME SOBRE POLÍTICA DE SUELO.

   Por otro lado, el Gobierno ha creado la sociedad mercantil estatal Sepes Urbana, como complemento de la entidad pública Sepes, para dotar de un instrumento “ágil y eficaz”, que se centrará en la adquisición, promoción y urbanización de suelo para fines de interés social.

   Sepes Urbana estará participada al 100% por Sepes, por lo que su creación no supondrá incremento de gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2009. Según el Gobierno, su funcionamiento se basará en el principio de “austeridad”, por lo que se ubicará en la sede de Sepes, dispondrá de una plantilla reducida y el puesto de consejero no será retribuido.

   Además, la ministra de Vivienda ha elevado al Consejo de Ministros un informe sobre la evolución de la política de suelo en el periodo 2004-2008. Tras estos años, el Estado tiene comprometidos más de 23 millones de metros cuadrados de suelo patrimonial para construir sobre ellos más de 74.000 viviendas protegidas.

   Teniendo en cuenta sólo las actuaciones que superan las 400 viviendas, entre 2004 y 2008 se edificaron más de 12 millones de metros cuadrados de suelo público, un 375% más que entre 1996 y 2003. Además, el número de viviendas construidas o comprometidas para su desarrollo fue de 103.000, lo que supone un 334% más respecto al periodo anterior. De este total de viviendas, 68.000 fueron protegidas, es decir, un 256% más.

 

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