MADRID. La patronal de los promotores (APCE) propuso hoy al Gobierno dar salida a su ‘stock’ de viviendas poniéndolas en el mercado del alquiler con una renta del 3% de su valor, de forma que un 2% sería asumido por el inquilino y un 1% subvencionado por el Estado. Esta rentabilidad permitiría a los promotores amortizar sus créditos y tendría un «coste razonable» para el erario público.
En cifras, sobre un ‘stock’ de 500.000 viviendas con un precio medio de 200.000 euros, el coste a repartir sería de unos 3.000 millones de euros, con lo que el gasto para el Estado rondaría los 1.000 millones de euros al año, mientras que los inquilinos tendrían que hacer frente a una renta de unos 330 euros al mes (unos 500 euros en total, con el tramo subvencionado).
Así lo explicó hoy el presidente de APCE, José Manuel Galindo, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el que dijo que sería un buen comienzo dar salida este año a unas 250.000 viviendas de las alrededor de 600.000 en manos de los promotores al cierre de 2008.
Además, otras ventajas de esta medida, según Galindo, serían la mejora del acceso a la vivienda en alquiler, puesto que la subvención garantizaría su arrendamiento, así como el incremento del volumen de viviendas en arrendamiento del 11% hasta el 17%, en línea con los objetivos del Gobierno.
Esta es sólo una de las medidas puestas hoy sobre la mesa por Galindo, quien demandó al Gobierno mecanismos «más eficientes» y «potentes» que los dispuestos en el nuevo Plan de Vivienda para absorber el ‘stock’, ya que, según dijo, aunque absorberlo «no generará empleo inicialmente», es un paso previo para reanudar la actividad y volver a generar puestos de trabajo.
Otra de las medidas propuestas por los promotores, y la «más viable» para Galindo a la hora de solucionar este nudo gordiano, sería facilitar el alquiler con opción a compra, reduciendo el IVA que actualmente tienen que pagar los compradores, del 16%, al 7% habitual de la compra, o el 4% en el caso de VPO.
Como último recurso, Galindo insistió en la posibilidad de que el Estado adquiera las viviendas sin vender a través del Fondo de Adquisición de Activos, para disponer de estas viviendas en el mercado del alquiler.
LLAMAMIENTO A LOS BANCOS.
Galindo hizo también un alegato a los bancos para que colaboren con el sector para reflotarlo, en este caso vía financiación. Según dijo, la situación es «absolutamente crítica», ya que «ni se vende ni se financia». Además, indicó que, si hace unos años se hubiera «restringido» el crédito no se habría llegado a construir hasta 700.000 viviendas en un año.
Así pues, indicó que es lógico que las entidades financieras se preocupen por sus propias dificultades. «Entiendo su situación, pero espero que entiendan también la nuestra», dijo antes de añadir que es preciso establecer un marco de «corresponsabilidad».
De ello, volvió a insistir, depende que los promotores vuelvan a encender la máquinas. Hasta el momento, la caída de la actividad ha reducido las viviendas iniciadas, de las 600.000 en 2007, a las alrededor de 280.000 en 2008, y se prevé que no se empiecen a construir más de 100.000 a lo largo de este año. En términos de empleo, este frenazo supondrá unos 900.000 nuevos parados en dos años.
Así pues, aún se puede salvar mucho empleo, ya que, si existe una demanda estructural de entre 350.000 y 400.000 viviendas, los promotores tendrían este año capacidad para construir otras 250.000 viviendas más además de las 100.000 previstas, una vez absorbido el ‘stock’, con lo que se podrían mantener o generar nuevos empleos.
Asimismo, se refirió a la actual tendencia de adquirir los activos inmobiliarios como forma de pago para no dañar sus balances y dijo que «no es una solución deseable».
Por último, reiteró que los precios de la vivienda ya se han ajustado «sustancialmente», y que, dependiendo siempre de los casos, tienen un tope de ajuste, que es el coste del crédito al promotor, y que podría estar de media en el 20%.
