MADRID. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha imputado al presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración desleal y delito societario por imposición de acuerdos abusivos en el proceso de fusión de Itínere y Europistas, según el auto dictado el pasado 28 de octubre.
La juez titular, Aránzazu María González, ha citado a declarar a Del Rivero el próximo 8 de febrero por la querella presentada por el abogado Felipe Izquierdo en representación de 13 afectados titulares de 750.000 acciones de la concesionaria Europistas.
La magistrada también ha citado a declarar como testigos el próximo 1 de marzo, a los representantes legales de las tres cajas vascas –la BBK, la Kutxa y Caja Vital- y al abogado de Calyon.
Las tres entidades financieras eran accionistas de Europistas y apoyaron a Del Rivero en la pugna contra Isolux Corsán por el control de Europistas, que acabó fusionándose con Itínere, propiedad de Sacyr.
Los accionistas minoritarios de Europistas acusan a Del Rivero de «hinchar» artificiosamente la participación de Sacyr en Itínere en detrimento del valor de sus títulos, que pasaron de un valor relativo del 22,67% de Itínere al inicio de la operación, a valer el 19,78% en el balance de la fusión llevada a cabo el 1 de enero de 2008, un 2,89% menos, según la querella a la que tuvo acceso Europa Press.
De este modo, los cerca de 750.000 títulos que poseían en total estos accionistas en Europistas pasaron a valer 19,4 millones de euros, en lugar de los 38,4 millones de euros estipulados en los acuerdos de fusión comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 27 de septiembre de 2006.
La querella relata que Sacyr infló los activos de la antigua Itínere, desembolsando activos de varias sociedades por valor de 800 millones de euros, mediante la emisión de 30,03 millones de nuevas acciones de un euro de valor nominal, que modificó el tipo de canje en el momento de la fusión.
Los accionistas minoritarios ya presentaron esta querella ante la Audiencia Nacional, que rechazó su competencia para investigar los hechos, al considerar que no afectaban al territorio nacional. Los querellantes proceden de Valencia, Madrid, Barcelona, Salamanca, Zaragoza y Huesca.