Wednesday, 6 July 2022
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

Moltó reitera que la ayuda del FROB hubiera evitado la intervención de Caja Castilla-La Mancha

Madrid. Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), sigue en sus trece. En su declaración ante la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a declarar que la intervención de la entidad, en marzo de 2009, se podría haber evitado, como posteriormente ha sucedido con otras cajas de ahorros, recurriendo a las ayudas del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB). Además, añadió en su declaración en sede judicial, que la entidad funcionaba bien y que los problemas de liquidez se debían a la pérdida de confianza derivada de la crisis económica y financiera internacional.

También quiso echar balones fuera en relación al alcance de su responsabilidad, al asegurar que sólo ejercía funciones representativas y no ejecutivas y que todas las operaciones que firmó estaban avaladas por el comité de riesgos y aprobadas por el consejo de administración de la caja. En este sentido, negó cualquier responsabilidad en la concentración de riesgos, acumulados por la entidad, con los créditos concedidos a promotores inmobiliarios como Domingo Sanhauja, Ignacio Barco, Amelio González Villarejo y Antonio Sánchez.

Junto a Hernández Moltó, también prestó declaración el ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, para corroborar que sólo tenía funciones representativas y no ejecutivas. Ambos están imputados por presuntos delitos de administración desleal, negativa o impedimento a los socios del ejercicio de sus derechos, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

Las declaraciones ante Audiencia Nacional se enmarcan en el proceso de investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción, sobre las presuntas irregularidades cometidas en la entidad remitidas por el Banco de España, tras la intervención decretada por el Gobierno el 29 de marzo de 2009. Las conclusiones del organismo supervisor desvelaron una elevada concentración de riesgos en el sector inmobiliario, así como presuntas irregularidades en la concesión de créditos a personas vinculadas al consejo de administración de la entidad.

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