Thursday, 7 July 2022
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Esperanza Aguirre introducirá a las universidades privadas y a la Cámara de Comercio en la Asamblea general de Caja Madrid

MADRID.   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, introducirá a las universidades privadas y a la Cámara de Comercio en la Asamblea general de Caja Madrid, según se recoge en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009.

   Esta incorporación se debe a la modificación del criterio de nombramiento de los consejeros designados por parte del sector de las Entidades representativas de intereses colectivos. Así, a partir del próximo año, una vez se vote en el Pleno del próximo lunes, un 26 por ciento corresponderá a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas que formen parte del Consejo Económico y Social.

   En esta ocasión, las universidades privadas se equiparan con las públicas, pues ambas tendrán una representación del 5 por ciento, frente al 13 por ciento que corresponderá a la Cámara de Comercio. El resto, un 51 por ciento, corresponderá al resto de entidades. “El objetivo de este cambio es reducir el peso del sector público a favor de la sociedad civil”, señaló a Europa Press el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez.

  De hecho, los populares consideran tanto a las universidades privadas como al Comercio “entidades firmemente arraigadas al tejido social autonómico”, por lo que consideran que esta intervención reajusta con el objetivo de “abrir el abanico de entidades representativas para que puedan estar representadas, a través de ellas, todo tipo de entidades de derecho privado”.

   Según el portavoz popular, se sigue la tónica de otras comunidades autónomas, y se faculta, de forma reglamentaria, al Consejo de Administración para que se designe en qué número tendrá derecho de representación cada entidad. Además, se consigue que la Consejería como órgano supervisor “garantice una adecuada pluralidad en la elección de las entidades representativas”.

SIN CUPOS MÍNIMOS PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS

   La reforma de Aguirre elimina la asignación mínima de representantes por cada grupo político de los ayuntamientos y de la Asamblea de Madrid, lo que podría afectar seriamente a Izquierda Unida. Con ello, según Pérez, “se restablece el sistema de proporcionalidad”  y se elimina los cupos mínimos “que no existen en ninguna otra comunidad autónoma y que quiebran el principio de proporcionalidad más acorde con la realidad madrileña”.

   “De esta forma, conseguimos un reflejo más real que es lo que se busca al final: reflejar en la representación de Caja Madrid, a la sociedad madrileña”, añadió.

   Por otro lado, las enmiendas recogen el reajuste de la distribución de los sectores. Actualmente hay un 20 por ciento de consejeros generales que corresponden a la Entidad Fundadora, y que hasta ahora se repartía proporcionalmente entre los distintos sectores. Sin embargo, a partir del próximo año este 20 por ciento se asignará a las entidades representativas, a la Asamblea de Madrid y a los Empleados.

   Así, el 25 por ciento de los consejeros generales serán elegidos por el sector de Corporaciones Municipales en cuyo término municipal Caja Madrid tenga abierto al público oficina comercial, y el 28 por ciento del total de los consejeros serán reelegidos por el sector de los impositores.

   Mientras, el 19,25 por ciento de los consejeros serán designados por el sector de las Entidades representativas; el 16,5 por ciento serán elegidos por la Asamblea de Madrid, y el 11,25 por ciento, por el sector de los empleados de las Cajas.

   Por otro lado, se modifica el régimen de elección de los Vocales del Consejo de Administración por la Asamblea de forma que la representación se adapte a la importancia real de los diferentes grupos en la Asamblea y que sean los propios sectores los que decidan su representación. Para ello, se elimina la asignación mínima de un representante por cada uno de los tres grupos políticos con mayor implantación en el conjunto de municipios de la región, es decir, PSOE, PP e IU.

MAYORÍA ABOSLUTA PARA ATRIBUIR FUNCIONES AL PRESIDENTE

   La futura reforma también contempla cambios a la hora de atribuir funciones ejecutivas al presidente, ya que hasta ahora necesitaba dos tercios de los votos, y a partir del 1 de enero de 2009 se contemplará simplemente la mayoría absoluta, “eliminando las mayorías cualificadas que podrían llevar a una situación de bloqueo”. “Con esto conseguimos mayor flexibilidad y evitamos bloqueos a través de mayorías”, añadió Pérez.

   Asimismo, los consejeros generales, los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control que ostenten el cargo a la entrada en vigor de esta Ley de Acompañamiento, aunque haya cumplido el periodo máximo establecido de doce años podrán permanecer en el cargo durante tal mandato y uno más, siempre y cuando la representación por la que se reelija sea por el mismo sector que por el que fueron elegidos la última vez.

   Es decir, que el actual presidente Miguel Blesa sólo podrá permanecer en el cargo durante este periodo si vuelve a ser reelegido por la Asamblea de Madrid, que fue el sector que le votó en su día, y que en esta ocasión, cuenta con la mayoría absoluta del PP.

   “Recientemente se nombraron entidades representativas por parte de Blesa en la última Asamblea, pero esas se respetan aunque las siguientes tienen que ser designadas conforme a este criterio”, explicó el portavoz popular del Parlamento regional.

PERIODO TRANSITORIO

   Con todos estos reajustes, los populares apuestan por establecer un periodo transitorio que permita que en la Asamblea General se sobrepase el tope actual de los 320 consejeros generales hasta que se produzca la renovación de los sectores de impositores y empleados en 2012. Esto es, que en 2009 la nueva ley sólo afectará a la elección de los consejeros en Corporaciones municipales, Asamblea y Entidades representativas.

   Estas medidas transitorias permitirán que en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control, se supere el número máximo de 21 y 13 miembros respectivamente, sólo hasta 2012, cuando todo volverá a la normalidad.  

   Pérez resumió: “Con estas enmiendas buscamos adaptar la legislación autonómica a la estatal y a la del resto de comunidades, aumentar la capacidad de la sociedad civil, y aumentar la seguridad jurídica clarificando aspectos jurídicos y recuperando el criterio de proporcionalidad”.

 

 

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